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Foto tomada de la película "Udilberto Vásquez: último fusilado" |
Todos al escuchar las noticias, leer periódicos o escuchar la radio nos encontramos con la información de variados delitos. Esto lleva, comúnmente, a escuchar posiciones diversas, en cuanta discusión sobre el crimen en la sociedad uno se halle. Una de las que más se suele oír es la referida a la pena de muerte, pues esta para muchos sería la panacea para el crimen. Es tanta la evocación de esta medida, que los candidatos políticos en época de campaña suelen prometer implementar esta pena.
Para que
un Estado prospere no se necesita simplemente que sea democrático, sino que se
aseguren derechos fundamentales, inviolables e inherentes a la persona humana.
Sin embargo, aun más importante es tener una cultura crítica y respetuosa, en
busca de un avance jurídico, social, económico, político, etc. En este sentir,
es conveniente preguntarse, ¿es posible implementar la pena de muerte? ¿Es
beneficioso hacerlo?
Gran
parte de la población peruana cree que sí y esto puede ser parte del
pensamiento de un Derecho Penal como castigo y solución a los delitos. Lo
conocido como “sobrepenalización” es una tendencia ya instaurada en el Poder
Legislativo, esta consiste en dar altas penas o aumentar las ya establecidas a
conductas que se tiene por repulsivas para la sociedad.
Es fácil
encontrar opiniones a aumentar las penas, llegando a postular la pena de
muerte, como si esta fuera la solución. Pero, hay diversos estudios que
desmienten este pensar. Uno de ellos es la llevada a cabo por Cristhian A. P.
Nureña Correa sobre la sobrepenalización del robo agravado y su incidencia
delictiva en la ciudad de Trujillo durante los años 2008-2009, en esta concluye
“en el año 2009 se dio un incremento de sentencias condenatorias y absolutorias
por delito de robo agravado en Trujillo en comparación al año 2008, es decir la
incidencia delictiva aumentó a pesar de que la penalidad del delito de robo
agravado se elevó, concluyéndose que el incremento de las penas no disminuyen
los delitos, siendo que no se ha logrado intimidar y aminorar el ánimo de
realizar conductas antisociales de sujetos que han hecho o piensan hacer una
modalidad de vida dentro del mundo delictivo”. El dar penas severas a los
delitos no contribuyen en ninguna manera a que el delincuente se vea intimidado
de cometer el delito, este sabe las consecuencias y aun así decide actuar para
lograr el fin delictual, tal vez espera no ser castigado y evadir la justicia.
Otro
punto por tomar en cuenta es que se toma al Derecho Penal como el primer
instrumento para evitar los delitos. Si bien el Derecho Penal tiene un fin
preventivo, en cuanto intimida a las personas a no cometer delitos, este no
puede sustituir a instituciones sociales que deben cumplir esta función. Es
importante resaltar la función que debe cumplir la educación en la vida de una
sociedad, es esta el verdadero y óptimo instrumento que previene cualquier
delito. No solo hablamos aquí de la educación que se recibe en un centro
educativo, sino también en la familia, como pilar de la sociedad y célula base
del Estado; asimismo de la educación que se obtiene en los ambientes de
interacción interpersonal en general. Es por ello por lo que, se debe trabajar
en mejorar nuestra situación en valores como sociedad, además de mejorar las
condiciones en las que viven muchas personas en nuestro país.
Es
también resaltante anotar que se tiene la imposición de penas como algo
meramente retributivo, donde lo único que se espera con la imposición de una
pena es que el delincuente pague por lo que hizo, esperando muchas veces que
“se pudra en la cárcel”. Es aquí donde debemos recalcar que el Derecho Penal a
tenido una evolución, en cuanto, no solo se busca un fin retributivo, sino, más
bien, la resocialización del delincuente. Lo dicho puede sustentarse en el reconocimiento
de la persona y su dignidad como fin supremo del Estado y la sociedad, es
importante reconocer al delincuente como persona humana, a la cual no solo se
la debe excluir como “la basura de la sociedad”, sino, debe reeducársele con el
fin de que, al cumplir su pena pueda incluirse en la sociedad.
Es de
interes señalar la importancia de la vida humana, ya que esta es el presupuesto
para que se puedan dar el resto de los derechos y libertades. En este sentido,
la tendencia internacional está encaminada a erradicar la pena de muerte, sería
un retroceso legislar en contrasentido. Se valora y protege la vida de toda
persona humana, buscándose con la imposición de penas un fin resocializador.
Es
merituado, también, hacer una reflexión sobre un punto sociológico, como es la
administración de justicia. Al imponer la pena de muerte, ya no estas mermando
la libertad de desplazamiento de una persona (que ya es una privación severa
como consecuencia de un delito), sino estas permitiendo que se le quite la vida,
acto que no puede ser corregido. ¿Permitirías ser procesado por un delito que
puede tener como consecuencia tu muerte considerando la corrupción actual en el
Poder Judicial? Tal vez la pregunta puede ser tomada como impertinente o poco
atinada, pero es una realidad cruda en el país y una posibilidad latente si se
permite la pena capital. Es el Poder Judicial tomado como el ente con mayor
corrupción, es así que puede llegarse a penar a personas inocentes en delitos
nunca cometidos. Incluso sin ir a supuestos como la corrupción, existe el
posible error en las decisiones de los jueces (presupuesto que argumenta la
doble instancia), pues no es de olvidar que son ante todo humanos propensos a
errores. Ha sido la pena de muerte a lo largo de la historia parte de muchas
injusticias y muerte de inocentes, personas muertas en la guillotina, en la
hoguera, fusiladas, etc.
He de
concluir redundando en las ideas. No es beneficioso permitir la pena de muerte.
Esta no coacciona a la persona a no cometer delitos. El Derecho Penal busca la
resocialización del delincuente. Es la vida humana presupuesto esencial para el
ejercicio de los demás derechos y libertades. El Estado debe velar por la
protección de toda vida humana. La corrupción y el error de los jueces puede
recaer en injusticias incorregibles. Y, por último, lo más importante, se debe
reforzar la educación, presupuesto idóneo para evitar la consecución de
cualquier delito y de la generación de delincuentes, es por ello que debe
solucionarse los factores que conllevan al incremento delincuencial.
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